Venezuela ha rechazado enérgicamente las declaraciones del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, durante la Asamblea de Estados en La Haya. El Gobierno venezolano considera que las acciones de la CPI justifican un "colonialismo jurídico" y buscan instrumentalizar la justicia con fines geopolíticos. En un comunicado emitido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, se subraya que Venezuela ha sido un país comprometido con el Estatuto de Roma y que el proceso en su contra no se ajusta a los supuestos de crímenes de lesa humanidad.

El comunicado destaca que "es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad" y que esto ha sido demostrado en diversas instancias. El Gobierno de Nicolás Maduro también enfatiza su compromiso con mecanismos de cooperación internacional, buscando fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la administración de justicia. Sin embargo, critica que la CPI no ha designado personal para su oficina en Caracas, inaugurada hace más de siete meses, y que ha incumplido con sus responsabilidades de asistencia técnica.

Además, Venezuela ha expresado su descontento por la falta de acción de la CPI respecto al caso "Venezuela II", que aborda los crímenes de lesa humanidad relacionados con el bloqueo económico. El Gobierno señala que han pasado más de cinco años sin que la fiscalía se pronuncie sobre este caso, lo que consideran un "silencio abrumador".

El comunicado también critica la respuesta de la CPI ante la situación en Palestina, calificando de "vergonzoso" el escaso avance en la denuncia de crímenes en esa región. El Gobierno venezolano reafirma su intención de defender su soberanía y rechaza cualquier forma de "colonialismo jurídico" que la CPI pretenda utilizar con fines políticos.

Por otro lado, la CPI ha anunciado el cierre de su oficina en Caracas, argumentando la falta de "progreso real" en la cooperación con el país. Niang explicó que, a pesar del compromiso sostenido, el progreso sigue siendo un reto. Sin embargo, la investigación sobre los presuntos crímenes en Venezuela continuará activa desde La Haya, con un equipo de fiscales trabajando en el caso. La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018, tras una remisión de varios países, y el Gobierno ha intentado frenar el caso alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, aunque la Corte ha rechazado esta posición.