El PSOE andaluz ha denunciado este martes los supuestos vínculos entre la corrupción que salpica al PP de Almería, con una investigación judicial en curso sobre supuestas mordidas en la adjudicación de obra pública desde la Diputación Provincial, y el Gobierno de Juan Manuel Moreno, que tiene suscrito contratos con algunas de las empresas que aparecen en el sumario.

Hay tres sociedades vinculadas a cargos del PP almeriense, familiares o exdirigentes del partido que han sido beneficiarias de adjudicaciones por parte de la Junta: Inversiones y Promociones Tagilis SRL; Hijos de David Martínez SL y OYC Servicios Urbanos SL. Las dos primeras, controladas por el alcalde Tíjola José Juan Martínez Pérez. La tercera, por el alcalde de Fines Rodrigo Sánchez.

Se trata de contratos de emergencia -sin publicidad ni concurrencia competitiva- o contratos menores que, según la denuncia del PSOE, “no son casos aislados, sino que responden al mismo patrón”. Tagilis fue adjudicataria entre 2020 y 2021 de seis contratos (cuatro de ellas de emergencia y otra menor) por un total de 220.000 euros. Todos son contratos de la Consejería de Agricultura, liderada por entonces por la almeriense Carmen Crespo. Hijos de David Martínez recibió tres contratos de la Delegación de Turismo de Granada, la Fundación Parque Tecnológico y el SAS, por algo más de 41.000 euros en total. Y OYC resultó adjudicataria de un ocntrato de la Delegación Territorial de Fomento para la “restauración paisajística de enlace” del polígono industrial de Fines por 37.595 euros.

La diputada socialista Ángeles Férriz ha aprovechado la sesión de Pleno en el Parlamento, adelantada a este martes, para acusar duramente al Ejecutivo de Moreno de participar indirectamente en la supuesta trama de corrupción del PP almeriense, que se ha cobrado la cabeza política del presidente de la Diputación y máximo dirigente del partido en la provincia, Javier Aureliano García, además de otros altos cagos del partido.

Adjudicaciones de la Consejería de Agricultura

Las adjudicaciones de la Junta de Andalucía fueron emitidas por Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, cuyo titular actualmente es Ramón Fernández Pacheco, exalcalde de Almería, y la persona designada por Moreno para tomar las riendas del PP almeriense tras el arresto de Aureliano García. Férriz ha denunciado el uso de los contratos de emergencia (a dedo) con una tramitación “más laxa” y menor fiscalización para, supuestamente, beneficiar a una sociedad vinculada al alcalde popular.

Inversiones y Promociones Tagilis SRL está administrada por la esposa del alcalde de Tíjola (un pueblo almeriense de 3.500 habitantes) y diputado provincial del PP, José Juan Martínez Pérez, que también figura como apoderado desde 2017, según la documentación facilitada por el PSOE. Además de alcalde, Martínez es diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos. La empresa, que aparece en el sumario del caso, ha recibido seis contratos de la Junta de Andalucía, cinco de ellos por emergencia en 2020 y uno menor en 2021.

En cuanto a la firma OYC Servicios Urbanos SL, el administrador actual es el yerno del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, pieza clave en la investigación por presuntas adjudicaciones fraudulentas por parte de la Diputación de Almería, y al que el PP obligó a dimitir de su cargo la semana pasada. Los antiguos administradores de esta empresa, beneficiaria de un contrato menor de la Junta, son un exconcejal de Sierro, Óscar Muñoz Pérez, y un trabajador del consistorio de Fines, antiguo concejal del PP. En el momento de la adjudicación, asegura el PSOE, la delegada territorial responsable era Eloísa Cabrera, hoy número dos del Ayuntamiento de Almería gobernado por el PP.

Denuncia en Fiscalía

Tanto Tágilis, S.R.L. como Martínez tienen sus cajas de seguridad bloqueadas por mandamiento del juez, según consta en el auto del 17 de noviembre que motivó las detenciones de los altos cargos populares al día siguiente. Sin embargo, él no está entre los 22 detenidos aquel día, según el atestado policial. Sí ha sido llamado a declarar posteriormente, según informaron medios locales, pero este medio no ha podido confirmar que esté formalmente investigado.

Está, en todo caso, en el foco de la UCO y de la Fiscalía, que hace unas semanas recibió otra denuncia contra él por la presuntas irregularidades en la construcción del complejo deportivo municipal Al-Moroc, inaugurado en 2024, y a la contratación municipal, según informó EFE. Según esa denuncia, el Consistorio adquirió el terreno rústico del complejo deportivo por un precio un 1.400% superior al de mercado. Además, la denuncia describe un “desproporcionado nivel de contratación” con empresas ligadas al entorno del alcalde o a su esposa.

El alcalde de Tíjola también fue, hasta julio de 2023, administrador único de la sociedad Hijos de David Martínez SL, que luego pasó a ser administrada por su mujer y otro trabajador. Esta empresa fue adjudicataria de tres contratos menores, uno del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y otros dos desde Granada. Siempre según el PSOE, uno de los contratos fue abonado antes de que la obra terminara.

Martínez Pérez se presentó como candidato a la Alcaldía de Tíjola por Ciudadanos en las elecciones municipales de 2019. Alcanzó el bastón de mando del Ayuntamiento tras un pacto con el PP (dos años de alcaldía para cada partido) y en 2021 se pasó al PP y se mantiene como alcalde hasta hoy. Su padre fue el primer alcalde la democracia en Tíjola y él ingresó muy pronto en Nuevas Generaciones.

Martínez Pérez suele presentarse como una suerte de “empresario-alcalde”, una dualidad permitida por la dispensa otorgada por el Pleno de Tíjola. No podía hacer las obras de su pueblo, decía, pero sí las de otros municipios, muchas de ellas adjudicadas por la Diputación o, según se ha conocido hoy, por la Junta de Andalucía. Su faceta empresarial y su vinculación con la política le puso en el foco hace ya veinte años, cuando era concejal raso de su pueblo. En junio de 2005, el entonces concejal socialista Juan Carlos Usero denunció un “probable fraude de ley en la adjudicación de obras municipales” en Almería capital, alertando de la asignación de obras por unos 700.000 euros a empresas de Martínez.

Muchos años después, y t al y como publicó este medio en 2022, Tágilis fue beneficiaria  de al menos una decena de contratos adjudicados por la Diputación entre 2018 y 2020. Se trataba de contratos menores del Plan Acelera, o para la reforma de parques infantiles o cementerios en pequeños municipios. En total, recibió de la entidad provincial 189.700 euros en el ejercicio 2020, cuando Martínez ya era alcalde de Tíjola, su mujer era administradora de Tágilis y Óscar Liria diputado de Fomento. Martínez y Liria eran amigos. “Lo conozco desde hace tiempo y le tengo aprecio”, admitió entonces el alcalde a elDiario.es.