Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— El paquete fiscal 2026 del Gobierno de Yucatán abrió un debate inmediato entre autoridades, sector empresarial y analistas. El gobernador Joaquín Díaz Mena confirmó que el incremento al Impuesto Sobre Nóminas (ISN), que pasará del 3% al 3.75%, no recaerá sobre la mayoría de las unidades económicas del estado: las micro y pequeñas empresas aplicarán automáticamente un estímulo fiscal que neutralizará el aumento, de modo que solo alrededor de 900 compañías medianas y grandes absorberán el ajuste. Sin embargo, especialistas financieros advierten que este modelo basado en exenciones focalizadas y fuerte dependencia de recursos federales, podría convertirse en una estrategia fiscalmente insostenible.

Economistas consultados consideran que la estructura planteada reproduce un esquema de “populismo tributario” en el que se otorgan beneficios a grandes segmentos empresariales mientras se incrementan cargas que gravan el empleo formal. Subrayan que Yucatán depende en un 70% de ingresos provenientes de la Federación y que, con una base recaudatoria tan limitada, la capacidad para sostener infraestructura, movilidad y seguridad social podría verse comprometida en el mediano plazo. El anunció del ISN ocurre, además, en un contexto donde la informalidad laboral continúa en niveles críticos.

Según datos del Inegi, 735 mil personas en Yucatán, equivalentes al 58.8% de la población ocupada, trabajan en condiciones de informalidad, sin acceso a seguridad social y fuera del sistema tributario estatal. Para especialistas, esta cifra ilustra la contradicción central del paquete fiscal: se aumentan impuestos sobre la economía formal, ya presionada, mientras se mantiene sin cambios estructurales el universo informal que limita la recaudación local.

El gobernador reiteró que los nuevos criterios fiscales buscan acompañarse de una política de formalización. Anunció que los programas de crédito de la Secretaría de Economía y Trabajo exigirán como requisito transitar hacia la formalidad, y que se impulsa una estrategia de simplificación administrativa para hacer más accesible el Registro Estatal de Contribuyentes. Díaz Mena insistió en que la “corresponsabilidad” entre sector público y privado es indispensable para sostener proyectos estratégicos como el Tren Maya, el puerto de altura y el sistema Va y Ven.

Aun así, economistas sostienen que la discusión de fondo sigue pendiente: sin una reforma profunda que amplíe la base de contribuyentes y reduzca la dependencia federal, Yucatán podría enfrentar tensiones financieras crecientes. Entre tanto, el sector formal, que representa menos de la mitad del mercado laboral, continúa absorbiendo buena parte de los ajustes tributarios, en un entorno donde la informalidad y la precariedad siguen siendo los principales desafíos estructurales de la economía estatal. ( Noticaribe )