El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra la ley de amnistía. El pleno, con el voto en contra del sector conservador, entierra las alegaciones que hizo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y aplica la misma doctrina que ha desestimado las impugnaciones del Partido Popular , el Tribunal Supremo y una docena de comunidades autónomas y tribunales territoriales. Se trata de uno de los últimos recursos que el tribunal de garantías tiene pendiente de estudio después de haber desestimado, en lo esencial, todos los anteriores.

Isabel Díaz Ayuso fue la punta de lanza de la ofensiva contra la amnistía del PP y las comunidades autónomas donde gobierna. “Las comunidades del PP vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía”, anunció ella misma en mayo de 2024, atribuyendo la iniciativa legal a Alberto Núñez Feijóo. Una decena de territorios controlados por el partido, junto con la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, presentaron impugnaciones después de que lo hicieran tanto el PP como el Tribunal Supremo. “ Es una infamia ”, concluyó Ayuso en el anuncio realizado desde Torrejón de Ardoz.

Todos esos recursos han sido rechazados por el pleno del Constitucional en los últimos meses. La primera impugnación en fracasar fue la que interpuso el Partido Popular, que por ser la más amplia fue la que marcó el camino al resto. La mayoría progresista del pleno, tras la abstención del exministro Juan Carlos Campo y la recusación de José María Macías , rechazó la mayor parte de los argumentos y avaló el grueso de la ley de perdón, con pequeños matices sin apenas incidencia real en la aplicación de la ley.

Para cuando el Constitucional se pronunció sobre el recurso del PP los tribunales catalanes ya habían aplicado la amnistía a más de 300 casos entre activistas, políticos, manifestantes y policías nacionales. Esa primera sentencia determinó el rechazo de la cuestión de inconstitucionalidad en la que el Tribunal Supremo hablaba de “golpe de Estado” , el de varios tribunales territoriales y también el de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. En el caso de Aragón , el Constitucional amplió su aval a la norma y amparó también que perdonara los delitos de malversación relacionados con el procés si no existió enriquecimiento.

El último rechazo del pleno ha sido el que ha recibido el recurso que interpuso el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Con los votos a favor de los progresistas y la ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano , el Constitucional repite sus argumentos de sentencias anteriores para desestimar la impugnación del ejecutivo madrileño.

La amnistía, Europa y Puigdemont

El recorrido judicial de la ley de amnistía, tras el aval del Tribunal Constitucional, se acerca a dos de sus momentos más relevantes: el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la sentencia del Constitucional que decidirá si la malversación atribuida a Carles Puigdemont debe ser también perdonada.

El pleito europeo ya superó hace unas semanas una de sus principales metas flotantes con el dictamen favorable del abogado general . Una opinión que avaló el grueso de la ley –rechazó que se trate de una “autoamnistía”– y que no es vinculante para los magistrados del TJUE, aunque siguen el criterio del abogado general en un porcentaje importante de los casos.

La ramificación que afecta al futuro inmediato de Carles Puigdemont no llegará al orden del día del pleno del Constitucional hasta dentro de unos meses. Los magistrados tendrán que estudiar la alegación concreta del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación que le atribuye el juez Pablo Llarena y que, en la práctica, le mantiene en búsqueda y captura y en riesgo de ser detenido si vuelve a España.