El fallido intento de acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los dueños del terreno en el cerro Centinela y los habitantes de la megatoma de San Antonio –instancia que se dio por cerrada a inicios de septiembre– abrió paso a un nuevo escenario judicial. De acuerdo con las resoluciones vigentes, el jueves 4 de diciembre vence el plazo para iniciar el proceso de desalojo de las más de 4.100 familias que residen en el sector, cifra que se traduce en más de 10 mil personas afectadas.

Mientras organismos como la Municipalidad de San Antonio han comenzado a ejecutar las acciones ordenadas por la justicia, como por ejemplo la habilitación de albergues para recibir a quienes deban abandonar el terreno casi al límite con Cartagena, desde el Minvu se ha insistido en la búsq

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