Si los magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogen una solicitud que les acaba de hacer la Procuraduría, la Casa de La Moneda de Portugal no recibirá, al menos por ahora, ni un céntimo de los $1,8 billones que le cuesta a Colombia la impresión de nuevos pasaportes.

La petición consiste en que la corporación decrete una medida cautelar (preventiva) y orden la suspensión de los pagos mientras se determina si el contrato firmado entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y los portugueses cumple con los requisitos legales.

Marcio Melgosa Torrado, el procurador delegado que le ha venido haciendo un seguimiento milimétrico al negocio, adujo en un oficio de ocho páginas que los vicios de ilegalidad del contrato sobre los cuales ha

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