El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo, se enroca en su petición al PSOE para que el partido en el Gobierno le entregue todos y cada uno de los gastos que ha pagado durante siete años a “cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”. 

El magistrado responde en un auto a la solicitud de aclaración efectuada por el PSOE a la providencia dictada por Moreno el 26 de noviembre en la que pedía a este partido político que, en el plazo de diez días, facilitase al juzgado la relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo comprendido desde al año 2017 y hasta el año 2024. 

El partido entendía en su escrito que se trataba de una solicitud “de carácter genérico” y que solo debía mandar los datos relativos a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, investigados en el caso, y no de todos sus empleados durante esos años, con el peligro que supone que información de carácter privado de militantes o simpatizantes acabe en manos de las acusaciones populares. “ Tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de VOX y de Hazte Oir, nada menos”, decía el escrito.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 asume punto por punto la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que en su informe manifestó que la resolución del órgano judicial es “suficientemente clara, sin que contenga algún concepto oscuro, no cabiendo extender la misma, como pretende el solicitante, que tal requerimiento se extienda solo a las personas investigadas en la Causa Especial 20775/2020 seguida ante el tribunal Supremo como pretende en el presente procedimiento”. Y ello, añadía el subordinado de Alejandro Luzón, porque dicha información (no en cuanto al soporte documental) ya fue facilitada y no tendría sentido solicitarla nuevamente si ya consta en las actuaciones.

En su auto, el juez considera que la información se refiere a cuestiones trascendentes para el esclarecimiento de los hechos, por lo que la diligencia se estima pertinente y necesaria, “teniendo en cuenta que la información aportada por la unidad policial actuante en el informe policial de 08.10.2025 y que de la prueba testifical practicada en el Tribunal Supremo no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios; que esta forma de pago no era infrecuente”.

La investigación parte de un descuadre entre las afirmaciones recogidas en los mensajes incautados a Koldo García, con unas fotografías de sobres con dinero y el logo del PSOE, y los gastos recogidos en su contabilidad. Ese descuadre era de apenas unos cientos de euros y el partido explicó, y acreditó documentalmente, que se debía a que su destinatario no era solo José Luis Ábalos sino su equipo de Organización, de ahí la diferencia entre lo que ponía en los sobres y lo que consta fue pagado al ex número tres del partido.

Las declaraciones del antiguo gerente y de una empleada no convencieron al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ni al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que derivaron los hechos a la Audiencia Nacional, por investigarse allí el caso desde su origen, antes de que hubiera aforados. La tesis inicial era que Ábalos pudo blanquear dinero de la corrupción pasando gastos al PSOE.

Ahora, el juez Moreno dice en su auto que “se trata de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social pueden ser de una enorme gravedad y exigen su investigación a fin de determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico realizados”.

De esta forma, el juez está solicitando al PSOE una avalancha de documentación entre 2017 y 2024 sin que el partido esté investigado como persona jurídica en la causa y sin que ninguna de las personas a las que afecta esa documentación tenga tampoco la condición de imputados, más allá de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.