Sin lugar a dudas, Chile ha avanzado en materia de inclusión, permitiendo que como sociedad empecemos a comprender de manera más profunda y sostenida los derechos de las personas en situación de discapacidad. Desde que el país adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008, existe un compromiso explícito que nos invita a trabajar no solo para este colectivo, sino también con él, promoviendo acciones claras y concretas que apunten a su plena participación social.

Sin embargo, este camino de transformación todavía presenta brechas significativas. Dos de ellas, particularmente visibles, son la formación educativa y la inclusión laboral. Aunque contamos con normativas que buscan avanzar en estas áreas, lo cierto es que muchas veces no logran traducirse

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