Un aplazamiento. O un respiro. La decisión del Gobierno de alargar la fecha de entrada en vigor de la nueva facturación para pymes y autónomos , el sistema Verifactu , ha cogido por sorpresa a muchos. Algunos ya habían hecho los deberes y se habían adaptado, pero en recientes fechas varios expertos alertaban que había un número excesivo de medianas o pequeñas empresas , además de trabajadores autónomos , que estaban dejando la actualización a la hora de facturar para última hora. Y que podía ser un problema para los últimos días de diciembre o, peor aún, los primeros días de enero, cuando ya no se podría facturar como hasta ahora si uno quería cumplir con la ley y con Hacienda y evitar posibles sanciones . La ley, eso sí, sigue siendo la misma, la que obliga a los profesionales mencionados a utilizar sistemas informáticos que permitan compartir sus facturas con el fisco. 

Hay expertos que consideran que la medida anunciada ayer llega como respuesta a ciertas presiones empresariales y a la necesidad de garantizar una transición más suave hacia la digitalización fiscal. En todo caso la moratoria modifica no la ley sino las fechas límites que estaban originalmente previstas. Inicialmente, las compañías con una facturación inferior a los seis millones de euros debían contar con el nuevo software a partir del 1 enero de 2026, es decir, en menos de un mes. Por otra parte, los trabajadores autónomos debían incorporar dicho sistema informático desde el 1 de julio del mismo 2026, es decir, en algo menos de siete meses. Con la nueva aprobación, las empresas retrasarán este deber hasta el 1 de enero de 2027 , mientras que los profesionales por cuenta propia deberán cumplir con los requisitos a partir del 1 de julio de 2027 . 

Con la nueva ley, Hacienda tendrá en su poder los datos más imprescindibles de las facturas emitidas por pequeñas y medianas empresas

De hecho este cambio de fechas no es el primero que se produce en el marco del Verifactu sino el segundo. La medida iba a arrancar en julio de 2025 y fue aplazada a las fechas que ayer volvieron a quedar desfasadas. Hay que recordar que el sistema Verifactu, abreviatura de «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT», fue incorporado a la Ley contra el fraude fiscal de 2021. ¿Objetivo? Evitar que empresas y profesionales oculten datos, ventas en su mayoría, al fisco, lo que reduciría la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) . Además de combatir prácticas fraudulentas, Verifactu busca modernizar los sistemas informáticos empresariales y contribuir a la digitalización del sector, para que Hacienda tenga en su poder los datos más imprescindibles de las facturas emitidas por pymes y autónomos.

La nueva normativa exige a los profesionales contar con un Sistema Informático de Facturación (SIF) que asegure la trazabilidad de los documentos. Este software debe garantizar la imposibilidad de llevar una contabilidad 'B' y asegurar que las facturas no puedan modificarse una vez emitidas. Aunque el fisco no ha hecho obligatorio que las compañías remitan la facturación de forma inmediata, los programas deben estar listos para conectarse a la Agencia Tributaria y remitir los datos automática y prácticamente en directo si Hacienda lo requiere. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva multas que pueden ascender hasta los 50.000 euros , de ahí que muchas empresas y autónomos ya hubiesen hecho los cambios necesarios para poder facturar de manera legal.

Ahora se trata de que tanto las pymes como los autónomos que no habían actualizado su manera de facturar no se relajen. Oficialmente, el Ministerio de Hacienda justificó la ampliación del plazo por la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación ”. Según el Ejecutivo, esta decisión busca garantizar una implantación “ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”, otorgando a los contribuyentes un mayor margen para la adaptación. Es decir, que todo el mundo llegue a tiempo y no haya un cuello de botella que impida factura adecuadamente durante los primeros días posteriores a la entrada en vigor de la nueva facturación digital. 

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , defendió la moratoria como una forma de “facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas” y promover la digitalización. Para muchas pymes y autónomos, el aplazamiento representa un cambio significativo al ofrecer un “alivio” y un “mayor margen” para prepararse. El tiempo adicional, aseguran algunos expertos, no debe verse como una prórroga ilimitada, ya que estudios recientes señalaban que más del 60% del tejido empresarial seguía sin iniciar la adaptación a finales de noviembre. Los afectados venían denunciando la carencia de conocimiento técnico y legal o la falta de ayudas y soporte por parte de la misma Agencia Tributaria.

Programas válidos

Además, el aplazamiento aborda la gran cantidad de dudas que había generado la nueva obligación, especialmente entre los pequeños empresarios. Con este respiro, hay más tiempo para aclarar si los programas de facturación existentes son válidos, si se pueden seguir usando herramientas comunes como Excel o qué sucede con aquellos que aún facturan a mano. El Colegio Oficial de Gestores Administrativos valoró que la prórroga solo tendrá sentido si se utiliza para aclarar quién debe acogerse al sistema y cómo ordenar su completa implantación, algo que no se había logrado hasta ahora.

Desde la consultora tecnológica Esofitec aseguran que, aunque el cambio de calendario ofrece margen a empresas y autónomos para reorganizar sus respectivos y pertinentes procesos, “la digitalización de la facturación sigue siendo imprescindible. Este nuevo plazo permite preparar la transición con mayor seguridad, evitar prisas y asegurar que los sistemas estén alineados con la normativa. Y, para aquellos que ya han realizado la adaptación a Verifactu, este nuevo calendario supone disponer ahora de un año extra para validar con calma todo el trabajo hecho, ajustar procesos y garantizar un funcionamiento impecable”.

Asociaciones mayoritarias como Cepyme, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) saludaron la moratoria, considerándola un alivio y necesaria, mientras que otras organizaciones como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) consideran que el continuo anuncio de obligaciones seguidas de retrasos puede generar desconfianza e inseguridad jurídica, especialmente entre aquellos negocios que ya habían invertido en adaptar sus sistemas. En definitiva, lo que cambia para pymes y autónomos es los días que quedan para comenzar a facturar de manera digital acorde a la ley. 394 días en el caso de las empresas de pequeño y mediano tamaño, 575 en el caso de los autónomos.