El Congreso de la República de Perú no logró los votos necesarios para inhabilitar por diez años al expresidente Pedro Castillo, a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior, Willy Huerta. La votación, que se llevó a cabo el 3 de diciembre, resultó en 44 votos a favor de Castillo, 54 a favor de Chávez y 42 a favor de Huerta, todos insuficientes para alcanzar los 68 votos requeridos por ley.

La propuesta de inhabilitación se basaba en las acusaciones de que los tres políticos habían infringido más de 20 artículos de la Constitución al intentar disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado. Durante la sesión, el expresidente Castillo, quien se encuentra cumpliendo condena en el penal de Barbadillo, defendió su posición de manera virtual. Afirmó que no cometió un golpe de Estado y acusó al Parlamento de haberle "quitado el poder".

"Ustedes van a defender una aberración y una barbaridad jurídica", expresó Castillo, quien insistió en que su acción fue un reflejo del clamor popular. Su defensa legal argumentó que la inhabilitación sería un doble castigo, dado que ya se le había impuesto una pena de dos años de inhabilitación como parte de su condena de once años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión.

El debate en el Congreso fue intenso. La congresista Ana Zegarra inició la discusión presentando un informe de la Comisión Permanente que acusaba a los tres de violar la separación de poderes y otras disposiciones constitucionales. Los abogados de los acusados también intervinieron, generando tensiones en el hemiciclo. En particular, el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, fue expulsado por insultar a otros miembros del Congreso durante su intervención.

Willy Huerta, por su parte, defendió su inocencia, afirmando que nunca participó en acciones ilícitas. La decisión del Congreso de no inhabilitar a Castillo, Chávez y Huerta significa que, a pesar de sus condenas, podrán seguir participando en la vida política del país, al menos por el momento. La situación se complica para el exministro Huerta, quien espera la ratificación de su sentencia en segunda instancia para determinar su futuro en prisión.

La votación finalizó con 42 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones, lo que llevó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a declarar que el expediente sería archivado. Así, la denuncia por el intento de golpe de Estado queda sin efecto, al menos por ahora.