Venezuela es el primer país de América bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI). Desde hace seis años, la institución judicial internacional mantiene abierta una investigación formal para examinar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales de la última década.

Desde el inicio de la investigación, la Corte Penal Internacional ha enfrentado varios obstáculos para lograr un avance rápido en el caso. La falta de cooperación gubernamental ha sido el desafío más relevante, según las declaraciones ofrecidas por el fiscal Mame Mandiaye Niang, quien informó el pasado 1 de diciembre el cierre de la oficina de la CPI en Caracas.

En respuesta, la administración de Nicolás Maduro acusó a la Fiscalía de la corte d

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