La discusión legislativa sobre el Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales abrió un frente crítico para la minería. Aunque se presenta como una medida ambiental de protección hídrica, su redacción actual revela un problema más profundo: una prohibición casi total que ignora la geografía del país y paralizaría la operación minera en amplias regiones. El análisis de la CAMIMEX se advierte que esto no se trata de un ajuste técnico, sino de una amenaza real para una industria estratégica.

CAMIMEX fue contundente: la minería formal no vierte residuos tóxicos en cuerpos de agua, y su infraestructura —depósitos de jales, obras de manejo y tratamiento— opera bajo la normatividad mexicana y estándares internacionales. Sin embargo, la iniciativa interpretaría estas instalaciones como si fueran de

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