Durante más de una década el país buscó aprobar una reforma que se hiciera cargo de aquellos desafíos impostergables en materia de pensiones: aumentar la tasa de cotización, como condición indispensable para mejorar el monto de las futuras jubilaciones; cerrar gradualmente la brecha entre las pensiones que reciben hombres y mujeres, y lograr un mejoramiento de las actuales pensiones. Pese al amplio consenso en torno a estos objetivos, las fuertes diferencias entre los principales bloques políticos respecto de cómo lograrlo -que en algún momento se hicieron insalvables- dilataron durante mucho tiempo un acuerdo. La reforma que se aprobó a comienzos de este año fue en ese sentido un hito, que no estuvo exento de altos costos políticos, tanto en la oposición -que ocasionó fracturas producto d

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