PP, PSOE y Junts avanzan en la tramitación de una ley que pretende endurecer algunos delitos cuando se cometen de forma repetida, especialmente los hurtos

PSOE, PP y Junts acuerdan avanzar en la ley sobre la multirreincidencia

PP, PSOE y Junts han juntado sus votos este jueves para avanzar en una ley sobre multirreincidencia. La iniciativa, impulsada por los independentistas catalanes y que llevaba meses estancada en el Congreso, tiene como objetivo principal endurecer la comisión reiterada de algunos delitos leves, especialmente los hurtos. Cuenta con el rechazo explícito de momento de EH Bildu y Podemos.

Los socialistas entran así en un acuerdo legislativo sobre un tema que tradicionalmente ha impulsado en el Congreso la extrema derecha –Vox ya registró en 2022 una iniciativa de este tipo– y que ha usado habitualmente para vincular inmigración con delincuencia.

Aunque Junts trata de separar estos dos conceptos en sus discursos, la especial preocupación de los de Carles Puigdemont sobre este asunto ha ido en incremento a raíz del ascenso en Catalunya de la extrema derecha independentista que representa Aliança Catalana.

Recientemente, el PSOE también ha empezado a hablar sobre esta problemática: hace un año el president de la Generalitat, Salvador Illa, pactó medidas con Pedro Sánchez para atajar la multirreincidencia. Además, los socialistas ya votaron a favor de la toma en consideración de esta ley en su momento y también de otra muy similar que registró el Partido Popular durante la legislatura.

Estas son las claves del texto firmado este jueves por las tres formaciones y los cambios que han pactado los de Alberto Núñez Feijóo y los de Carles Puigdemont. El PSOE también ha incluido dos enmiendas que quedarán incorporadas al texto, que se votará en comisión en dos semanas y viajará al Pleno previsiblemente en la primera oportunidad tras el parón navideño, que se extenderá hasta febrero.

¿Qué es la multirreincidencia?

La multirreincidencia es la comisión de un mismo delito en repetidas ocasiones, la mayoría de las ocasiones pequeños robos o hurtos. En la exposición de motivos de la ley, Junts habla de las quejas de muchos alcaldes y alcaldesas catalanes que desde 2021 denuncian una “alarma social” por una “oleada de delitos”, sobre todo hurtos pero también peleas, por parte de un “reducidísimo grupo de personas” que el “sistema no era capaz de evitar”.

¿Qué propone Junts?

El actual Código Penal ya incluye, en realidad, castigos más duros para las personas que cometan robos de forma continuada. Si una persona es condenada por un hurto en más de tres ocasiones y la cuantía de lo robado supera los 400 euros, el juez pasará a imponerle una pena de prisión de seis a dieciocho meses, en lugar de una multa.

Lo que propone Junts en su texto –y apuntalan las enmiendas pactadas– es que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza” y siendo al menos uno de ellos leve, incluso aunque el valor de lo sustraído sea menor a 400 euros.

La iniciativa de Junts también plantea que los hurtos “menos graves o graves” continuados (a partir de tres condenas) sean castigados con penas de uno a tres años. Y aplica esta horquilla a los robos de teléfonos móviles: “Dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos”.

¿Qué cambios han introducido los partidos?

Algunas de las enmiendas que han pactado Junts y el PP –y que ha suscrito el PSOE– sirven para apuntalar el incremento de penas a este tipo de delitos.

Una de las modificaciones extiende también el incremento de los castigos a los delitos de estafa. En el caso de que el delincuente sea condenado por este motivo al menos tres veces se impondrán penas de entre seis meses y tres años independientemente del valor de lo estafado. En la redacción actual, el importe del delito tenía que superar los 400 euros.

Una de las enmiendas transaccionales del PP también modifica ligeramente el apartado sobre el hurto de teléfonos móviles para evitar que se tengan en cuenta en este aspecto los robos en tiendas o almacenes: “No se considerarán incluidos los que se encuentren a la venta, almacén o exposición en establecimientos comerciales”.

‘Narcolanchas’ y ‘petaqueo’

Una de las enmiendas que ha logrado introducir el PP en el texto hace referencia a una de las técnicas que utilizan los narcotraficantes para llenar de combustible sin tener que atracar en puerto las lanchas con las que transportan la mercancía, especialmente en zonas como el Estrecho de Gibraltar.

Los traficantes utilizan otras embarcaciones más pequeñas cargadas con bidones de combustible para llegar hasta las lanchas, atracadas lejos de la costa. Según denuncian los agentes policiales, es difícil perseguir este tipo de barcos.

Para castigar estas conductas, el PP ha introducido una enmienda que modifica el Código Penal para tipificar como delito “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro con temeridad manifiesta de cualquier forma de combustibles líquidos no comprendidos en el apartado anterior, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, se castigará con la pena de prisión de uno a cinco años”.

Las enmiendas del PSOE

Los socialistas han firmado el informe de la ponencia que incluye las modificaciones pactadas por Junts y PP, pero también han introducido dos enmiendas propias que quedarán plasmadas en el nuevo texto. Ambas buscan dar poder a los juzgados en sus primeras diligencias en caso de “reiteración delictiva” para tipos penales graves.

Son los contemplados en el artículo 57 del Código Penal: “Homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las relaciones familiares”.

El PSOE quiere modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que los jueces puedan prohibir al delincuente acceder a determinadas provincias o barrios o incluso acercarse a determinadas personas con el objetivo de impedir esa “reiteración delictiva”, esto es, que una persona que ya ha cometido ese delito pueda volver a hacerlo.

“En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima o evitar la reiteración delictiva [esta es la novedad que incluye el PSOE], imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma”, dice la nueva redacción del artículo, que añade: “En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o Comunidades Autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”.

¿Qué ocurre ahora con la ley?

Los grupos han firmado este jueves el informe de la ponencia en el Congreso. Además de PP, Junts y PSOE, han apoyado el texto el PNV y Vox, con lo que la norma cuenta con un amplio apoyo para avanzar en su tramitación parlamentaria.

Así, el compromiso al que han llegado los grupos es el de convocar a la Comisión de Justicia dentro de dos semanas para votar el dictamen y enviar la ley al Pleno. Según el calendario pactado, el texto se votará en el hemiciclo en la primera sesión de 2026, prevista para la segunda semana de febrero, toda vez que enero es inhábil para el Congreso. Con un acuerdo tan amplio, lo lógico es que el Senado, controlado por el PP, no ponga pegas a la ley y quede definitivamente aprobada allí sin necesidad de volver a la Cámara Baja.