El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este jueves una "auditoría" pública rigurosa sobre el funcionamiento del hospital público de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Esta demanda surge tras la divulgación de audios en los que el CEO de la empresa gestora, Ribera Salud, sugería en una reunión interna rechazar pacientes para aumentar los beneficios económicos.

Ante esta situación, Ribera Salud ha anunciado que llevará a cabo una auditoría interna para asegurar que no se han incumplido los estándares de calidad en la atención a los pacientes. La polémica ha llevado al Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, a afirmar que ya ha contactado a los responsables del hospital y se compromete a implementar "todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".

Sin embargo, surge la inquietante pregunta: ¿por qué la Consejería de Sanidad no realiza controles periódicos sobre la calidad asistencial en los hospitales que gestiona a través de empresas privadas? El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene la obligación de llevar a cabo estas evaluaciones. En marzo de 2019, SERMAS incluso licitó un contrato de consultoría para que un bufete jurídico revisara la validez de los contratos de concesión de los hospitales de Torrejón e Infanta Leonor.

Este informe fue encargado por 13.000 euros a Milans del Bosch Abogados, dirigido por Santiago Milans del Bosch, un abogado con un pasado controvertido. En su juventud, Milans del Bosch fue juzgado por su participación en un asalto violento en un bar de Valladolid en 1981, donde se causaron heridas a un cliente. A pesar de su historia, en 2019, recibió el encargo de analizar los contratos de concesión de los hospitales.

El contrato, al ser menor, no fue publicado en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, lo que ha generado más dudas sobre la gestión y supervisión de estos centros sanitarios. En ese momento, el presidente de la Comunidad de Madrid era Ángel Garrido, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La situación actual plantea serias interrogantes sobre la supervisión de la calidad asistencial en los hospitales gestionados por empresas privadas en la región.