La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha remitido un escrito a Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, en el que denuncia “la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal” contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y condenado en el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha comunicado este viernes UPF —de la que fue presidente García Ortiz— en una nota de prensa, en la que afirma que los hechos observados “no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho”. Entre estos hechos, la asociación remarca la “acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados”. En concreto, denuncia que los mismos jueces participaron en “la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave y, finalmente, el enjuiciamiento”.

Asimismo, los fiscales afean que el fallo condenatorio sobre García Ortiz trascendiera “sin motivación” durante semanas, dado que a día de hoy todavía no se conoce la argumentación de la sentencia, y añaden que esto “afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones”.

Además, mencionan el “curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares”. Se refieren a una formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular en el juicio contra García Ortiz, en la que participaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta —presidente del tribunal que enjuició al fiscal general—, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, como publicó elDiario.es.

La UPF también denuncia lo que consideran como “una instrucción con medidas extremadamente invasivas”, pues la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado “incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas”. También apuntan a “comportamientos públicos impropios” durante el juicio y la deliberación. Concretamente, hablan de “intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad” y de “vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores”.

Por estas razones, piden a Satterthwaite “que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial”; “que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales; y ”que considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso“.