Tras más de veinte años de instrucción judicial, el caso Aguas de Calpe ha quedado visto para sentencia . La última sesión del juicio se ha centrado en los informes finales de conclusiones de las defensas que han destacado que no hay delito alguno y que la causa es una denuncia política basada en meras suposiciones que tenía como objetivo al PP de Calp y, concretamente, al entonces concejal y diputado provincial Juan Roselló. En el banquillo se sientan ocho acusados por las presuntas irregularidades de la renovación de la red de aguas del municipio llevada a cabo entre los años 2004 y 2005. La investigación detectó sobrecostes de hasta un millón de euros y que las obras se llevaron a cabo por una empresa controlada por el cuñado del concejal . Una mercantil sin trabajadores y con ho

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