En una decisión considerada un triunfo judicial para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, el Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional por la muerte de Adrián Andrei Alzate Calvo, un joven vendedor ambulante de películas y videojuegos que fue ejecutado dentro de una instalación militar y posteriormente presentado como supuesto integrante de un grupo armado ilegal en el municipio de Quinchía, Risaralda.

La alta corte revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Risaralda, que en primera instancia había negado las pretensiones de la familia y avalado la versión de la institución castrense, según la cual la muerte del joven se debía a su propia conducta, configurando una supuesta “culpa exclusiva y determinante de la víctima”.

Tras la apelación presentada por el a

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