El Poder Judicial de Perú ha dictado sentencia este jueves 4 de diciembre, determinando que el anuncio de cierre del Congreso del 7 de diciembre de 2022 no constituyó un acto de rebelión. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha confirmado que la responsabilidad penal del exmandatario Pedro Castillo se limita al delito de conspiración. La condena impuesta a Castillo es de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de una inhabilitación de 2 años para ejercer cargos públicos. El tribunal desestimó las acusaciones más graves, como golpe de estado y abuso de autoridad, que inicialmente podrían haberle acarreado una pena de 34 años. El tribunal, presidido por la jueza Norma Carbajal, concluyó que, aunque Castillo anunció la disolución del Parlamento y la intervención del sistema de justicia, no se configuró una rebelión. Esto se debe a que las fuerzas del orden no acataron las órdenes del exmandatario, lo que impidió una interrupción del régimen institucional. Durante la lectura de la sentencia, Pedro Castillo cuestionó la decisión del tribunal, argumentando que no se probó la rebelión ni el abuso de autoridad. "En una de las audiencias mencioné que la provisionalidad en el país es sinónimo de injusticia. Esta es la última audiencia, para mí es un honor haberlos conocido como magistrados", afirmó Castillo. El exmandatario también criticó la falta de pruebas en su contra, señalando que "rebelión, abuso de autoridad no se ha podido confirmar" y calificó el veredicto como "una barbaridad jurídica". Por otro lado, el Pleno del Congreso no logró los 68 votos necesarios para inhabilitar a Castillo, a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. A pesar del apoyo de varias bancadas, el resultado fue insuficiente: 44 votos a favor para Castillo, 31 en contra y 3 abstenciones. En el caso de Chávez, se registraron 54 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones. Así, el Pleno no ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que había respaldado las denuncias constitucionales impulsadas por algunos congresistas.