En un documento de 46 páginas remitido a la comisión revisora de la Cámara, el ministro de la Corte Suprema refuta punto por punto la acusación constitucional en su contra, asegura que no existe evidencia que lo vincule a actos de corrupción y acusa que el proceso se ha desarrollado en un ambiente “contaminado” por prejuicios políticos y presión mediática.

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