El Poder Judicial de la Nación enfrenta serias críticas por el nepotismo en sus filas. De un total de 30 magistrados, solo 11 no tienen familiares designados en tribunales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido señalada como la principal responsable de esta situación, ya que lleva 12 años sin reglamentar la Ley N° 26.861, que establece un ingreso democrático e igualitario. A diferencia de la Defensoría General y la Procuración General de la Nación, que han implementado esta ley, la Corte ha mantenido su resistencia a abrir concursos. Esto ha llevado a un sistema donde los nombramientos se basan en lazos familiares y sociales, generando conflictos internos y luchas de poder. En Córdoba, la situación no es diferente. Actualmente, hay 30 magistrados en la provincia, de los cuales solo 11 carecen de vínculos familiares en el ámbito judicial. Entre ellos se encuentran los jueces Carolina Prado y Carlos Ochoa, así como varios fiscales y defensores públicos. Los otros 19 magistrados tienen familiares en cargos judiciales, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad en los nombramientos. El acceso al Poder Judicial se ha convertido en un atractivo debido a la estabilidad laboral y los altos salarios, que superan los $2 millones. Sin embargo, la falta de concursos abiertos para demostrar formación y habilidades ha perpetuado un sistema de designaciones que favorece a quienes tienen conexiones. Además, un informe reciente ha revelado que las designaciones en tribunales han desatado batallas internas. La Cámara Federal de Apelaciones y el Tribunal Oral Federal 2 han sido objeto de críticas por los apellidos que figuran en nombramientos y ascensos. En particular, se ha señalado que el juez Abel Sánchez Torres firmó un acuerdo que incluye a uno de sus hijos, lo que ha generado controversia. Por otro lado, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) ha denunciado prácticas de favoritismo y maltrato laboral en el ámbito judicial. Recientemente, presentaron una denuncia contra el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, acusándolo de liderar una agrupación que discrimina a los empleados. El clima de tensión entre el gremio y el magistrado ha ido en aumento, con acusaciones de violencia y maltrato laboral. Vaca Narvaja, por su parte, ha negado su participación en conflictos internos y ha defendido su gestión en el juzgado. La situación en el Poder Judicial de la Nación plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en los procesos de nombramiento, así como sobre la necesidad de reformas que garanticen un acceso justo y meritocrático a los cargos judiciales.