Las negociaciones para definir el salario mínimo en Colombia para 2026 han comenzado en un ambiente tenso. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se instaló formalmente el 1 de diciembre de 2025. Este proceso involucra cifras clave de inflación y propuestas de incremento que podrían impactar la economía nacional. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual hasta noviembre de 2025 fue del 4,82%. Este dato es fundamental para las proyecciones de ajuste salarial. Las propuestas de aumento varían entre el 6% y el 11%, lo que refleja la distancia entre las posiciones de los distintos actores. Si se concretan estas cifras, el salario mínimo mensual podría situarse entre $1.516.478 y $1.531.763. El presidente Gustavo Petro ha propuesto un aumento del 11%, lo que elevaría la remuneración mensual a cerca de $1.580.085. Esta cifra representa la propuesta más alta en la mesa de negociación. Por otro lado, Fedesarrollo ha sugerido un ajuste entre el 6% y el 7%, argumentando la necesidad de mantener el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad macroeconómica. Los empresarios han mostrado cautela ante la posibilidad de un incremento elevado, advirtiendo sobre los riesgos asociados al costo laboral y la informalidad. Un aumento del 11% en el salario mínimo tendría un efecto directo en el costo total de contratación de un trabajador. Según cálculos de Fenalco, este costo ascendería a unos $2.800.499 mensuales, lo que podría influir en la dinámica del mercado laboral y en la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,2% en octubre de 2025, el nivel más bajo en más de una década. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la alta informalidad laboral, ya que el 56% de la fuerza laboral permanece en la informalidad. Este aspecto limita el alcance real de cualquier ajuste al salario mínimo y genera un debate sobre cómo un aumento significativo podría incentivar la informalidad y afectar la generación de empleo formal. Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), ha expresado su preocupación sobre el impacto del ajuste salarial en el poder adquisitivo de los trabajadores. "Nosotros estamos desde la técnica buscando que el incremento que se le dé a los asalariados les mejore su nivel adquisitivo", afirmó. Además, cuestionó la percepción de que los empresarios se oponen al aumento, señalando que el 56% de los trabajadores informales no son considerados en esta decisión. Sánchez también advirtió sobre la posibilidad de que el ajuste salarial se utilice con fines electorales, lo que podría tener consecuencias a largo plazo. En cuanto a la vivienda de interés social, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el Gobierno buscará desligar del próximo aumento los topes de este tipo de vivienda, lo que podría afectar el acceso a la misma. Por último, el presidente de Andesco abordó el impacto de las decisiones salariales en las tarifas de servicios públicos y la política de subsidios. Criticó la desvinculación de los subsidios a la vivienda del ajuste salarial y recordó que "malas decisiones hoy repercuten en tarifas hacia el futuro". También se refirió a la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, que busca recaudar $16 billones, instando a que el Presupuesto General de la Nación se elabore sin depender de nuevos impuestos.