CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El saldo de víctimas por un coche bomba que estalló frente a la policía comunitaria de una localidad costera del estado de Michoacán, en el occidente de México, ascendió el domingo a cinco muertos y 12 heridos, según informó el domingo la fiscalía federal, en medio de las dudas sobre si el ataque se investiga como terrorismo o como crimen organizado.

La explosión tuvo lugar el sábado a mediodía en pleno centro de la localidad de Coahuayana, en la costa de Michoacán, un estado donde el gobierno acaba de lanzar un gran operativo de seguridad debido a la violencia de los cárteles y donde operan tres de los seis grupos mexicanos declarados terroristas por Estados Unidos.

La fiscalía de Michoacán dijo que fue una camioneta la que explotó y que en el lugar se encontraron los restos de dos personas, de las que no dio más datos. Una de ellas era el conductor del vehículo, según había informado la víspera la fiscalía federal.

Las autoridades estatales dijeron que los otros tres muertos eran policías comunitarios. Cinco de los heridos eran también policías pero no se informó sobre quiénes eran el resto de lesionados.

El uso de explosivos lanzados en drones o como minas ha sido una técnica cada vez más utilizada por los cárteles en esta región aunque no es habitual que las coloquen en coches.

Muchos pobladores no dudan en calificar estas acciones de terrorismo pero la palabra sigue incomodando a las autoridades y hasta generó declaraciones cruzadas en el seno de la Fiscalía General de la República durante el fin de semana.

El sábado, su nueva titular, Ernestina Godoy, que asumió el cargo el pasado miércoles colgó en su cuenta oficial de X un documento en el que se indicaba que el ataque de Coahuayana se estaba investigando “por el delito de terrorismo”.

Sin embargo, su propia dependencia, en un comunicado del domingo, corregía esa información y decía que las indagaciones eran por “delincuencia organizada”.

México ha sido reacio a usar la denominación de terrorismo para designar acciones vinculadas a los cárteles pese sucesos como el ataque con granadas de 2008 en la capital de Michoacán en plena celebración del Día de la Independencia o el incendio de un casino por Los Zetas en 2011 donde murieron 52 personas.

El suceso de Coahuayana llega en medio de una creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump de atacar a los cárteles allí donde se encuentren y tras reiterados pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum insistiendo en que México defenderá su soberanía y no permitirá incursiones extranjeras aunque Washington haya ofrecido ayuda militar contra el crimen organizado.

La policía comunitaria de Coahuayana es uno de los cuerpos de seguridad local que se formó hace más de una década durante el movimiento de las autodefensas civiles que se alzaron en armas contra los cárteles y luego fueron legalizadas por el gobierno estatal aunque en algunos puntos habían sido infiltradas por criminales.

Desde hace dos décadas distintos grupos del crimen organizado luchan por el control del territorio porque Michoacán es puerta de entrada de precursores químicos que son utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.