WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra en una encrucijada que podría ampliar significativamente el poder presidencial, específicamente el del expresidente Donald Trump. El presidente del tribunal, John Roberts, lidera a la mayoría conservadora en un movimiento que busca revocar un fallo unánime de hace 90 años que limita la autoridad ejecutiva. Este caso se discutirá el lunes y podría tener repercusiones importantes sobre cómo se ejerce el poder presidencial en el futuro.

La jueza liberal Elena Kagan ha señalado que los jueces conservadores parecen “ansiosos por emprender esa acción”. En los primeros meses de su segundo mandato, Trump ya ha despedido a varios funcionarios, desafiando la decisión de 1935 en el caso Humphrey’s Executor, que prohíbe al presidente destituir sin causa a los jefes de agencias independientes. Entre los funcionarios afectados se encuentra Rebecca Slaughter, de la Comisión Federal de Comercio (FTC), cuyo despido está en el centro del debate actual.

Hasta ahora, solo Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y Shira Perlmutter, funcionaria de derechos de autor de la Biblioteca del Congreso, han sobrevivido a los intentos de despido. La Corte ha indicado que podría tratar a la Reserva Federal de manera diferente a otras agencias, y Trump ha expresado su deseo de que Cook sea destituida debido a acusaciones de fraude hipotecario, las cuales ella niega.

El caso que se presenta ante la Corte se relaciona con la misma agencia, la FTC, que fue objeto de discusión en 1935. En ese momento, se estableció que los presidentes no podían despedir sin causa a los líderes de las agencias federales. Esta decisión marcó el inicio de una era en la que las agencias federales independientes adquirieron un papel crucial en la regulación de diversas áreas, desde las relaciones laborales hasta la discriminación en el empleo.

Los defensores de la teoría del ejecutivo unitario argumentan que el estado administrativo moderno malinterpreta la Constitución. Según ellos, las agencias federales deben responder al presidente, lo que incluye la capacidad de despedir a sus líderes a voluntad. El juez Antonin Scalia, en un disenso de 1988, afirmó que “esto no significa parte del poder ejecutivo, sino todo el poder ejecutivo”.

Desde 2010, bajo el liderazgo de Roberts, la Corte ha ido reduciendo las restricciones sobre el poder del presidente para despedir funcionarios. En 2020, Roberts afirmó que “el poder de destitución del presidente es la regla, no la excepción”, respaldando el despido de un alto funcionario por parte de Trump, a pesar de las protecciones laborales existentes.

Historiadores legales han cuestionado la interpretación actual de la Corte sobre la teoría del ejecutivo unitario. Caleb Nelson, profesor de derecho, sostiene que “el texto y la historia del Artículo II son mucho más equívocos de lo que la Corte actual ha sugerido”. Por su parte, Jane Manners, profesora de derecho, ha presentado informes a la Corte que podrían influir en su decisión sobre el poder de destitución en los primeros años de la nación.

Los abogados de Slaughter argumentan que los límites al poder de Trump son coherentes con la Constitución. El Departamento de Justicia, sin embargo, sostiene que Trump tiene la autoridad para despedir a los miembros de la junta por cualquier razón mientras busca implementar su agenda. El Procurador General D. John Sauer ha declarado que “Humphrey’s Executor siempre estuvo flagrantemente equivocado”.

Además, el caso podría tener implicaciones para Lisa Cook, ya que la Corte desea determinar si tiene la autoridad para reincorporar a un empleado despedido, incluso si el despido es declarado ilegal. Los jueces han mostrado cautela ante la incertidumbre económica que podría surgir si Trump obtiene el poder de despedir a los líderes del banco central. Se espera que la Corte escuche argumentos adicionales en enero sobre la situación de Cook mientras avanza el caso judicial relacionado con su despido.