El proyecto para construir una nueva conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao , un corredor largamente reivindicado y recientemente integrado en la Red Transeuropea de Transporte , ha desatado un conflicto político y vecinal en Cantabria. La razón: el estudio informativo aprobado de forma provisional el pasado 7 de noviembre contempla un trazado que obliga al derribo de 26 viviendas, un colegio y una iglesia , además de afectar a otras 35 casas y provocar amplias expropiaciones en zonas agrícolas y urbanas de hasta 15 municipios .

Actualmente, el tren entre Santander y Bilbao tarda cerca de tres horas en recorrer apenas 118 kilómetros , debido al deterioro de la línea, la abundancia de pasos a nivel y las 31 paradas intermedias. El nuevo trazado busca reducir de forma drástica este tiempo, pero el coste territorial y social ha generado un rechazo sin precedentes entre alcaldes de distintos partidos.

Los municipios afectados se plantan: “Queremos progreso, pero no a cualquier precio”

La oposición es especialmente contundente en Medio Cudeyo , donde el proyecto prevé el derribo de la mayor parte de los inmuebles afectados:

  • 26 casas

  • Un colegio

  • Una iglesia

  • El barrio de San Salvador quedaría literalmente partido en dos

“Es un mazazo para los vecinos. Sus casas han perdido valor y el pueblo sufrirá consecuencias económicas y sociales muy negativas”, afirma la alcaldesa María Higuera (PRC). Una situación similar se reproduce en Hazas de Cesto , donde la traza dividía el núcleo de Praves y obligaba al derribo de varios pisos.

Otros ayuntamientos afectados son Marina de Cudeyo, Entrambasaguas, Solórzano, Ampuero, Guriezo, Villaescusa, Ribamontán al Monte, Bárcena de Cicero, Piélagos, Voto, Colindres, Liendo y Castro Urdiales.

Expropiaciones masivas: cientos de miles de metros cuadrados de suelo rural y urbano

El Ministerio de Transportes baraja dos grandes variantes:

  • Una con parada en Castro Urdiales y Laredo

  • Otra únicamente con parada en Laredo

Ambas alternativas implican enormes expropiaciones, especialmente de suelo agrícola. La variante A-1 prevé 132.000 hectáreas afectadas; la C-1 , 154.000 hectáreas , equivalentes a más de 130 campos de fútbol .

Municipios como Solórzano advierten de que la línea atravesaría las principales explotaciones ganaderas y pasaría a escasos metros de viviendas de protección oficial . En Ribamontán al Monte , el proyecto impacta también sobre acuíferos y un conjunto de 35 viviendas.

El Gobierno de Cantabria pide frenar el calendario: “Este estudio parece hecho para generar oposición”

Aunque el plazo de alegaciones está abierto hasta el 22 de diciembre , la Administración autonómica , presidida por María José Sáenz de Buruaga , ha solicitado una prórroga de un mes. El Ejecutivo regional se sitúa del lado de los ayuntamientos y alerta de que el diseño actual presenta “graves perjuicios”.

El consejero de Transportes, Roberto Media , ha sido tajante: “El estudio informativo parece elaborado para provocar un rechazo frontal de la ciudadanía e instituciones. La sensación es que no hay un verdadero interés por sacar adelante este proyecto”.

Un consenso complejo: el tren es necesario, pero no así

Pese a la fuerte oposición, ni el Gobierno cántabro ni los ayuntamientos renuncian al trazado Bilbao–Santander , considerado esencial para la vertebración regional, la movilidad sostenible y la conexión con Europa. El objetivo de las alegaciones es doble:

  1. Demostrar la viabilidad económica y social del corredor , con apoyo técnico de la Universidad de Cantabria .

  2. Forzar al Ministerio a rediseñar el trazado , minimizando afecciones y corrigiendo lo que las instituciones locales califican como “auténticos disparates”.

Un proyecto clave que amenaza con fracturar parte del territorio cántabro

Las próximas semanas serán decisivas para un corredor ferroviario que, sobre el papel, modernizaría drásticamente la movilidad entre Cantabria y el País Vasco. Sin embargo, el trazado actual ha activado una contestación inédita por su impacto directo sobre viviendas, explotaciones agroganaderas, patrimonio local y núcleos urbanos consolidados.

El tren rápido que lleva quince años en el papel se juega ahora su futuro real en la fase de alegaciones , donde Cantabria se ha conjurado para exigir mejoras o una redefinición que evite que el progreso llegue al precio de partir en dos varios de sus municipios.