BELÉM, Brasil (AP) — Zaqueu Belém Araújo corta una hoja de un árbol de açaí y la dobla y retuerce hábilmente, atando un extremo al otro para formar un fuerte anillo. Se quita las sandalias, coloca sus pies descalzos en el anillo de palma y trepa rápidamente por el tronco del árbol para alcanzar una rama del codiciado fruto.

Así es como se ha cosechado la baya de açaí durante generaciones en los quilombos brasileños, comunidades de descendientes de esclavos fugitivos. La técnica mínimamente invasiva no daña los árboles y ayuda a mantener en pie los bosques amazónicos.

“Entendemos que mantener viva la selva también nos mantiene vivos”, señaló Erica Monteiro, una de las aproximadamente 500 residentes de Itacoa Miri, una comunidad de calles sin pavimentar a unos 40 minutos en barco de la extensa ciudad de Belém, donde llevan a cabo las conversaciones climáticas de la ONU.

Durante el transcurso de la conferencia climática, que comenzó a principios de este mes y habrá de finalizar el viernes, los residentes de los quilombos y los pueblos indígenas han presionado al gobierno para que emita más títulos de tierras, que consideran claves para defender sus derechos y proteger los ecosistemas donde viven.

Mientras su madre muele las bayas de açaí recién recogidas del árbol de palma, Monteiro explica que esta fruta es clave en los quilombos. Es una fuente importante de alimento y, al preservar las técnicas tradicionales de cosecha y producción, protegen la exuberante selva que rodea sus comunidades.

“Nuestra vida es esta lucha para asegurar que la selva se mantenga viva. A veces el precio que pagamos es muy alto”, expresó.

Monteiro, coordinadora de Malungu, una asociación de quilombos del estado de Pará, es una de las líderes afrodescendientes más destacadas de la región. Su lucha por proteger su tierra de la tala ilegal y la invasión de tierras para la ganadería y el cultivo de soya ha significado recibir llamadas telefónicas amenazantes, intentos de extorsión e intimidación.

Por eso su comunidad luchó durante años para conseguir lo que pocos afrodescendientes en Brasil han logrado: obtener un documento que reconozca su propiedad sobre su tierra.

Existen casi 2.500 quilombos en la Amazonía brasileña, pero solo 258 han sido mapeados oficialmente por institutos gubernamentales, según un estudio reciente de la Coordinación Nacional de Comunidades Negras Rurales, una asociación de comunidades quilombolas.

“Si no puedes probar que la tierra pertenece a la comunidad, el agronegocio termina haciendo lo que llamamos en Brasil ‘grilagem’, que es falsificar documentación a su favor”, afirmó Monteiro.

A través de Malungu, Monteiro ayuda a otros quilombos en el largo y costoso proceso de obtener títulos de tierras para que otros puedan beneficiarse como lo hicieron ellos hace más de 20 años cuando obtuvieron el suyo.

Desde entonces, su comunidad ha recibido financiamiento filantrópico de la Fundación Ford y la Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra (CLUA, por sus siglas en inglés. The Associated Press recibe financiamiento de dicha institución para realizar periodismo climático). El apoyo es evidente en Itacoa Miri: tienen un centro de salud y una escuela. Hay electricidad y agua corriente.

La situación es muy diferente en el quilombo de Menino Jesus, no lejos de Itacoa Miri. Recibieron su título de tierra apenas en noviembre del año pasado y fue por menos de la mitad del territorio que reclamaban, según el residente local Fabio Nogueira.

A unos 500 metros (550 yardas) de su humilde casa de ladrillo, una empresa llamada Revita ha intentado establecer un vertedero que, según Nogueira, amenaza con contaminar los mantos acuíferos de la zona, de los cuales dependen para la pesca y la vida diaria. Revita no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios y no hubo respuesta en el número de teléfono listado para su sede.

“Nuestro temor es que tanto los manantiales (en el área donde se planea el vertedero) como el agua en nuestros pozos se contaminen con el lixiviado producido por los desechos”, señaló Nogueira, vicepresidente de la asociación territorial de Menino Jesus.

Él y su comunidad han luchado contra el vertedero durante años, diciendo que nunca fueron consultados. La Defensoría Pública ha presentado una demanda en su nombre en el Tribunal de Justicia del Estado, pero hasta ahora no ha sido concedida.

“Nos sentimos impotentes”, dijo. “Tememos que ya no podamos sobrevivir aquí debido al olor y la contaminación que vendrán después”.

La comunidad de Menino Jesus exige títulos de propiedad para las 2.160 hectáreas (alrededor de 5.340 acres) de tierra que afirman que han pertenecido a sus habitantes durante generaciones. Hasta ahora, solo 640 hectáreas (alrededor de 1.580 acres) han sido reconocidas como suyas.

“Un título definitivo nos da la seguridad legal de que esta tierra pertenece a la comunidad y de que otras personas no pueden tomar posesión de ella”, afirmó Nogueira.

Piensa que si estos territorios son reconocidos oficialmente, los bosques llenos de castaños y árboles de açaí permanecerán en pie.

Por eso Monteiro, de la comunidad de Itacoa Miri, cree que el gobierno brasileño debe prestar atención a las comunidades afrodescendientes y reconocer la propiedad de todos los quilombos en Brasil.

Afirma que comunidades como la suya también deberían recibir un pago, por parte de Brasil y de otros países, para mantener la selva en pie. Uno de los mayores anuncios que surgieron de la COP30 ha sido el establecimiento de un fondo para pagar por mantener los árboles en pie. Monteiro se muestra escéptica, ya que otros fondos para preservar los bosques no han llegado a su comunidad.

“Hacemos lo que el mundo debería estar haciendo, que es preservar la selva”, afirmó Monteiro. “Y estamos pagando un precio muy alto que muchos países no quieren pagar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.