El proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que difundió el Gobierno este martes y que busca aprobar en las sesiones extraordinarias de diciembre introduce una serie de transformaciones estructurales en materia fiscal, penal y administrativa. El objetivo de la norma es limitar el gasto público, reforzar la disciplina presupuestaria y sancionar penalmente a los funcionarios que violen estas disposiciones . La iniciativa impacta de forma directa en el funcionamiento del Estado nacional, del Congreso, del Banco Central y de los organismos descentralizados.

La iniciativa -presentada como un mecanismo para garantizar estabilidad macroeconómica- plantea una serie de interrogantes sobre su operatividad real, sus implicancias para la división de poder

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