Las irregularidades del Fondo Indígena comenzaron a investigarse en 2015. Ese año, la Contraloría detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes. El daño económico inicial se estimó en 71 millones de bolivianos, unos 10 millones de dólares.

Auditorías posteriores elevaron el número de proyectos observados a más de 1.000. El perjuicio total superó los 182 millones de dólares, según informes oficiales.

Patrones de pagos irregulares y falta de controles

Los reportes detectaron desembolsos sin respaldo técnico, pagos a cuentas personales de dirigentes y fraccionamientos contrarios a norma. También se aprobaron proyectos sin documentación básica o sin verificación de avance.

Este esquema debilitó el control público y afectó la credibilidad del Fondo Indígena, que debía financiar inici

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