Casi tres semanas después de comunicar el sentido del fallo, el Tribunal Supremo hizo pública el martes la sentencia mediante la cual condena al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados.

Tras analizar la sentencia, la primera consideración es el respeto a la decisión de los magistrados. No quiere ser esta una frase de intención banal y contenido vacuo, pues el Estado de derecho se asienta, entre muchas otras cuestiones, en el respeto a las decisiones de los tribunales de justicia. Ahora bien, al igual que el resto de las cuestiones de interés público, también las decisiones judiciales son opinables. Con más motivo cuando son los propios jueces los que, ante el mismo hecho

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