Una sentencia en medio de una crisis institucional

Casi tres semanas después de que el Tribunal Supremo, en un hecho con muy pocos precedentes, adelantara el fallo, el martes se conoció el contenido de la sentencia que inhabilita al que ha sido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El tribunal considera que el fiscal cometió un delito de revelación de secreto por la filtración de datos privados de un contribuyente, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estaba negociando con la Fiscalía una reducción de penas por la comisión de presuntos delitos fiscales. La sentencia, adoptada por cinco magistrados de los siete que componían la sala, no aporta elementos probatorios concluyentes para determinar que García Ortiz es el filtrador del correo electrónico que debería haber permanecido secreto. Pero sí construye una ar