Ahora, la decisión de la Justicia fue haciendo lugar a un amparo colectivo y la ley recuperó su plena vigencia, por lo que se deberá pagar una compensación para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre un 0,22% y un 0,42% del PBI.

El Gobierno puede recurrir a esta sentencia y llegar a la Corte Suprema de Justicia con su reclamo , pero por lo pronto la normativa tiene efectos para todas las personas con discapacidad del país, sus familias y prestadores de servicios.

LEER MÁS ► Día de las Personas con Discapacidad: el mensaje de Cilsa que emocionó El Gobierno confirmó una prórroga automática para millones de personas con discapacidad.

La ley promueve saldar las deudas con los prestado

See Full Page