El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña , ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a la ex militante socialista Leire Díez , el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso , detenidos esta semana en el marco de la operación contra la corrupción desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado únicamente comparecencias periódicas en los juzgados y la retirada del pasaporte como medidas cautelares, lo que ha impedido al magistrado acordar prisión provisional para ninguno de los tres investigados.

Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado 13 de diciembre. El magistrado ha comenzado a tomarles declaración a las 10.00 horas , con una hora de retraso sobre lo previsto. El primer turno ha correspondido a Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz por su presunta capacidad para solucionar problemas del entorno socialista.

La fiscal Elisa Lamelas ha solicitado que los tres salgan en libertad con las mencionadas medidas cautelares. Al no haber por ahora ninguna otra parte personada en la causa, el juez no ha podido acordar prisión para ninguno de ellos.

La operación ha sido bautizada por los investigadores con el nombre de Leire , en alusión a la primera detenida. Leire Díez se encuentra ya investigada en otro juzgado de Madrid acusada de maniobrar contra autoridades e instituciones que investigan la corrupción del gobierno. Sin embargo, su arresto esta semana se debe a una causa relacionada con el amaño de contratos públicos.

Vicente Fernández fue elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para dirigir la SEPI en junio de 2018. Dimitió de su cargo en octubre de 2019 al verse implicado en el caso de corrupción relacionado con la mina sevillana de Aznalcóllar, del que ha resultado absuelto hace apenas unas semanas. Fernández fue una persona de confianza de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Antxon Alonso , administrador único de Servinabar , es el tercer detenido de esta trama. Su nombre ha saltado a la actualidad porque es el socio en la empresa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Este empresario ha incorporado a Servinabar como directivo al expresidente de la SEPI tras su dimisión.

La operación ha estallado en la tarde del miércoles y se centra en una nueva organización criminal que presuntamente se nutría de la capacidad de influencia de sus integrantes en distintas empresas públicas. Desde la propia SEPI que dirigió Fernández hasta Enusa , donde trabajó Díez tres años, y Correos , puesto en el que ha recalado al abandonar la primera.

Entre los investigados se encuentra también el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga , según ha anunciado el PSPV este viernes. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.

Tráfico de influencias

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal . El instructor ha ordenado registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar.

A lo largo del jueves y del viernes se han registrado las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, además de la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa . Los agentes, como adelantó OKDIARIO , también se han personado para requerir documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

El Ministerio de Transición Ecológica ha precisado que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración». Ha agregado que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».

La magnitud de su actividad aún está por determinar y dependerá en gran parte del resultado de los registros y requerimientos llevados a cabo por la UCO en las últimas 72 horas. El juez mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid considera que la ex concejal socialista « lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada » para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra ha remitido al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo  sobre la información tributaria de Servinabar. En esos documentos se detalla que Fernández ha recibido de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023 . También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.

Alonso está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del caso Koldo  relativa a la presunta trama de amaños de obra pública . Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor Leopoldo Puente, el empresario ha negado el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas y ha desvinculado a Cerdán de dicha empresa.

Ha reconocido que realizó pagos al ex asesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017. Alonso ha defendido que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán pagó 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se ha hecho con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.