Los padres de la niña wichí declararon que la relación era consentida, aunque la misma s considerada un abuso por la legislación argentina. La nena rechazó la posibilidad que le otorga de la ley de interrumpir el embarazo.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, requirió la detención de un joven y dio intervención a organismos de protección de la niñez y de comunidades originarias en la causa que investiga el embarazo de una niña wichí que la justicia define como “abuso sexual”.

El Ministerio Público Fiscal interviene en el caso desde el pasado 17 de noviembre, cuando una mujer denunció al padre de su hija por habérsela llevado alegando que la nena estaba embarazada. La niña en ese momento tenía 11 años y en los primeros días diciembre cumplió 12.

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