Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional denunció un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión en la Argentina, con más de 2500 personas heridas durante manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.

La Resolución 943/2023, denominada oficialmente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y considera delito toda manifestación que afecte la circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial, en contradicción con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

“La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal

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