Amnistía Internacional junto con organizaciones de Derechos Humanos de Argentina buscan que la Justicia declare la inconstitucionalidad del llamado “Protocolo Antipiquetes” luego de que, a dos años de su puesta en marcha, se constatara que más de 2.500 personas resultaran heridas en manifestaciones.

Al anunciar el cuestionamiento judicial a la norma, la directora de la filiar de Argentina de Amnistía, Paola García Rey, aseguró que su aplicación posibilitó una escalada represiva. “La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó García Rey.

El Protocolo Antipiquetes, cuyo norme formal es “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue estable

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