El mayor acto de irresponsabilidad de este desgobierno ha sido desnaturalizar a la Fuerza Pública, vaciarla de su esencia y debilitar su capacidad de acción. Mientras los grupos criminales avanzan, mientras el narcotráfico se fortalece y mientras el terrorismo revive en regiones enteras, el Estado ha preferido quitarle fuerza y presupuesto a quienes tienen la obligación constitucional de defendernos. Esa decisión no es un error técnico, es un crimen político contra Colombia.

Las Fuerzas Armadas han sido, durante décadas, el escudo defensor de los colombianos frente al terrorismo y el crimen. Nuestros héroes, hombres y mujeres de honor, se echaron al hombro el dolor de un país azotado por la violencia y evitaron que la democracia cayera bajo el fuego del narcoterrorismo. Pero hoy ese escud

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