El Gobierno de España iniciará el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias, previsiblemente el jueves 28 de agosto. Esta medida sigue a la aprobación de un decreto en el último Consejo de Ministros, que establece la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas. Este decreto es crucial para la derivación de estos menores, quienes han llegado a España en busca de un futuro mejor tras aventurarse desde las costas de África.

La situación en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla se ha vuelto insostenible, y ahora se suma la isla de Mallorca. Los centros de acogida operan por encima de su capacidad, lo que genera una presión constante sobre los servicios sociales. El nuevo decreto establece que cada comunidad debe tener un número de plazas acorde a un ratio de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes. Aquellas comunidades que triplen su capacidad ordinaria, como Canarias y Ceuta, deberán solicitar al Gobierno la declaración de situación de contingencia migratoria para trasladar a los menores a otras comunidades con menos saturación.

Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas se oponen a esta medida. El Partido Popular (PP) ha convertido este asunto en una batalla política, con comunidades como Baleares y Madrid desafiando al Gobierno y afirmando que no cumplirán con el decreto. Otras, como la Xunta de Galicia, han señalado que el Ejecutivo de Sánchez debe cumplir con la orden del Tribunal Supremo de acoger a 1.000 menores solicitantes de asilo en Canarias, de los cuales solo 30 han sido trasladados a la Península en medio año.

Once comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto con Castilla-La Mancha, han recurrido este asunto ante el Tribunal Constitucional. Para justificar su negativa a acoger a estos menores, algunos gobiernos autonómicos han mencionado casos de falsedad documental, como el ocurrido en Melilla el 19 de agosto. Sin embargo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte que las pruebas óseas utilizadas para determinar la edad tienen un margen de error de aproximadamente dos años y no deben ser el único criterio para decidir si una persona es menor o adulta.

El plan de reparto, que se considera un mecanismo de solidaridad obligatoria, contempla la reubicación de unos 3.000 menores de las zonas más tensionadas a otras regiones. Las comunidades que recibirán el mayor número de menores son Andalucía (2.827), Cataluña (2.650), Madrid (2.325) y la Comunidad Valenciana (1.767). Otras comunidades, como Galicia, Castilla y León, y Canarias también recibirán menores, aunque en menor cantidad. Las cifras más bajas corresponden a Extremadura, Asturias, Navarra, Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta.