Siete años para un joven de 15 que apretó el gatillo contra Miguel Uribe Turbay no es justicia. Es permiso. En un país que persigue la paz, tal indulgencia corre el riesgo de normalizar el asesinato político y de enseñar a los grupos armados que el costo del homicidio es barato.

Una sentencia que transmite impunidad.

Colombia ya ha visto esto antes: sirenas aullando, una multitud atónita, una campaña convertida en escena de crimen. El asesinato de Miguel Uribe Turbay en un mitin en Bogotá reabrió heridas que muchos creían cicatrizadas. Sin embargo, la respuesta del Estado al adolescente tirador—solo siete años en detención juvenil por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas—envía una señal escalofriante.

Cuando el precio de matar a un candidato presidencial es menos de una década

See Full Page