La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una queja presentada por la la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y dejó sin efecto una sentencia de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había fijado los honorarios del abogado de la parte demandada, en el marco de una ejecución fiscal contra Organización Coordinadora Argentina SRL.

El organismo recaudador cuestionó que la Cámara hubiera tomado como base regulatoria el monto total de la ejecución -más de $64 millones-, cuando en realidad el único aspecto discutido en el expediente era la procedencia de intereses punitorios que habían sido reclamados y luego rechazados. Alegó, asimismo, que el monto de los honorarios “es desmesurado” y “no se ajusta al arancel”.

La Corte dejó sin efecto este pronunc

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