En un municipio de Cundinamarca , un proceso judicial puso en el centro de la discusión la seguridad de funcionarios públicos y los alcances de su labor diaria.

Las funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Chocontá, Cundinamarca, comenzaron a notar que algo no estaba bien. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024 recibieron mensajes que iban desde correos electrónicos y llamadas telefónicas, hasta confrontaciones directas en su propio lugar de trabajo . La constante era la misma: intimidaciones que apuntaban contra su vida e integridad.

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Las víctimas eran una defensora de familia y una psicóloga, quienes llevaban procesos de protección y restablecimient

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