YAKARTA, Indonesia (AP) — Una turba enfurecida prendió fuego a un edificio del parlamento en una capital de provincia de Indonesia y al menos tres personas murieron y otras cinco fueron hospitalizadas, según las autoridades.

El incendio en Makassar, la capital de la provincia de Célebes Meridional, comenzó el viernes por la noche. Los reportes en televisión mostraron el edificio del consejo provincial en llamas durante la noche, que tiñó la zona con un inquietante tono naranja.

Los rescatistas recuperaron tres cadáveres el sábado por la mañana, mientras que cinco personas fueron hospitalizadas por quemaduras o fracturas óseas tras saltar del edificio, señaló Fadli Tahar, un funcionario local de gestión de desastres.

En la ciudad de Bandung, en Java Occidental, los manifestantes incendiaron también el parlamento regional el viernes, pero no se reportaron víctimas. En Surabaya, la segunda ciudad más grande del país, los inconformes asaltaron la sede de la policía regional después de destruir cercas y quemar vehículos. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y utilizaron cañones de agua, pero los manifestantes respondieron con fuegos artificiales y garrotes de madera.

Las embajadas extranjeras en Yakarta, incluidas las de Estados Unidos, Australia y países del sudeste asiático, han aconsejado a sus ciudadanos en Indonesia que eviten las zonas de las protestas o las grandes concentraciones públicas.

La calma regresó en gran medida a la capital de Indonesia, Yakarta, el sábado mientras las autoridades limpiaban autos, oficinas de policía y paradas de autobús incendiadas por los inconformes.

Las protestas comenzaron el lunes en Yakarta tras los reportes de que los 580 legisladores reciben una asignación mensual para vivienda de 50 millones de rupias (3.075 dólares), además de sus salarios. El pago, que comenzó a realizarse el año pasado, es casi diez veces el salario mínimo en la capital.

Los críticos sostienen que la nueva asignación no solo es excesiva sino que es también una medida poco sensible en un momento en que la mayoría de la población enfrenta un alza vertiginoso del costo de la vida y los impuestos, y un creciente desempleo.

Las protestas aumentaron y se volvieron más violentas tras la muerte de Affan Kurniawan, de 21 años y que trabajaba para una aplicación de reparto. Un video publicado en redes sociales que mostraba aparentemente su muerte el jueves durante una manifestación en Yakarta, conmocionó a la nación y provocó un clamor contra las fuerzas de seguridad.

Según se dijo, Kurniawan estaba finalizando un reparto cuando quedó atrapado en los disturbios. Testigos contaron a la televisora local que un vehículo blindado de la brigada móvil de la Policía Nacional aceleró de forma repentina hacia la multitud y golpeó a Kurniawan, haciéndolo caer. En lugar de detenerse, el auto lo atropelló.

El sábado, cientos de conductores de aplicaciones de reparto y estudiantes se manifestaron en Bali por la muerte de Kurniawan, en una inusual protesta en la isla turística. Exigieron una reforma policial y la liberación de los detenidos durante las movilizaciones.

Los manifestantes marcharon hacia la sede de la policía regional y agentes antimotines emplearon gases lacrimógenos para repeler a quienes intentaron llegar al recinto fuertemente custodiado. Los inconformes respondieron arrojando piedras, botellas y bengalas.

Los choques entre la policía antidisturbios y los manifestantes se repitieron en varias ciudades, incluyendo Medan, Solo, Yogyakarta, Magelang, Malang, Bengkulu, Pekanbaru y Manokwari en la región oriental de Papúa.

La represión violenta por parte de la policía dejó unos 950 arrestados solo en las movilizaciones en Yakarta hasta el jueves, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o Komnas HAM.

Las autoridades reportaron que unos 25 agentes fueron hospitalizados con heridas graves tras ser atacados por manifestantes en la capital. El Komnas HAM cree que la cifra de civiles heridos es mucho mayor.

Amnistía Internacional criticó al gobierno indonesio el sábado alegando que suprime la libertad de expresión al reprimir las protestas públicas.

"Nadie debería perder la vida por ejercer su derecho a protestar", dijo Usman Hamid, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia. “Las autoridades deben liberar inmediata e incondicionalmente a cualquier persona detenida únicamente por ejercer sus derechos”.

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Los periodistas de The Associated Press Dita Alangkara y Achmad Ibrahim contribuyeron a este despacho.