El escándalo por supuestas coimas en la compra de medicamentos durante la gestión de Diego Spagnuolo en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha llevado al Gobierno a investigar los procedimientos aplicados para la baja de más de 111 mil pensiones por invalidez laboral. Las primeras indagaciones han revelado errores significativos en el proceso de citación a los beneficiarios.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que ANDIS dio de baja 111.463 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Este proceso fue parte de una auditoría iniciada por Spagnuolo en enero, que utilizó citaciones enviadas por carta documento. Sin embargo, de las casi 997.654 citaciones emitidas, más de 504.800 no fueron entregadas, lo que representa un 50,59% del total. Las cifras varían notablemente entre provincias, siendo Chaco la más afectada con un 79,08% de citaciones no entregadas.

La situación se complica aún más con el escándalo de los audios que revelan irregularidades en la compra de medicamentos. Spagnuolo, quien fue destituido tras la filtración de estos audios, había sido designado para depurar el padrón de pensiones, que creció considerablemente durante los gobiernos kirchneristas. Las fuentes oficiales han admitido que "hubo errores y lo estamos investigando". La revisión de las pensiones por discapacidad continuará, aunque se reconoce que algunas fueron dadas de baja de manera incorrecta.

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno intervino ANDIS y nombró a Alejandro Vilches para revisar su gestión. La auditoría, que cuenta con el apoyo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), se centrará en las cuentas y procedimientos de la administración anterior. Las indagaciones iniciales han puesto de manifiesto que las compras de medicamentos se realizaban de manera opaca, fuera del sistema Compr.Ar, lo que ha suscitado serias preocupaciones sobre la transparencia de la gestión.

Los audios grabados clandestinamente han revelado conversaciones en las que Spagnuolo menciona la distribución de contratos de manera irregular, implicando a otros funcionarios. Estas revelaciones están siendo investigadas por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Mientras tanto, muchos beneficiarios han expresado su angustia por la pérdida de sus pensiones, lo que ha llevado a largas filas en las oficinas de ANDIS, que han sido allanadas en dos ocasiones por la Justicia.

Además, se ha observado una reducción significativa en el padrón de beneficiarios del programa Incluir Salud, donde se sospecha que ocurrieron los negociados en la compra de medicamentos. Entre enero de 2024 y julio de 2025, el número de beneficiarios se redujo en más de un 25%, pasando de 997.842 a 730.765. Esta disminución ha generado inquietud y está bajo análisis por parte de la nueva intervención en ANDIS.