El debate sobre la sostenibilidad fiscal en Colombia no se limita al gasto del Gobierno ni al déficit presupuestal. Otro factor, menos visible pero de proporciones gigantescas, avanza en los tribunales, las demandas contra el Estado. Según cifras oficiales, con corte a junio de este año, las pretensiones ya superaban los $750 billones, un monto que refleja un aumento del 22% en términos reales frente a lo registrado a finales de 2019.

Ese volumen de litigios constituye, en la práctica, un pasivo contingente que, si llegara a materializarse, presionaría aún más unas finanzas públicas que ya operan con un margen estrecho. Así lo advirtió el centro de estudios económicos Anif, al señalar que, “sin duda, estas cifras sobrepasan las capacidades fiscales del Estado”.

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