¿Podría la fronda contra la fiscalidad, especialmente el impuesto de patrimonio, estrechar lazos entre la derecha política española y la nacionalista que puedan afectar la continuidad de la mayoría parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez? Pregunta que se pone sobre la mesa a la vista de los esfuerzos empresariales para derogar, o cuando menos reducir sus principales consecuencias recaudatorias, esa figura fiscal que afecta a los sectores más acomodados. De momento, parece que no.

Hace ya tiempo que la patronal catalana Foment, arropada por un buen número de grandes empresarios catalanes y del resto de España, ha desplegado una ofensiva contra ese impuesto que se ha centrado en buscar un acuerdo para que el PP y Junts acuerden una reforma que concite una mayoría par­lamentaria que supe

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