En la casa de la calle Cascajal 709, ubicada en Santiago de Surco, pocas personas entran y salen en horario laboral. Allí, ya casi nadie habla que desde hace 12 años y medio, el inmueble se convirtió en la evidencia de un presunto delito que esta semana podría terminar con una segunda condena efectiva en contra del otrora presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique (2001-2006).

El pago millonario que se hizo para la adquisición del inmueble provino de la offshore constituida en Costa Rica, Ecoteva Consulting Group, una de las empresas que habrían sido creadas para el blanqueamiento del dinero ilícito que Toledo Manrique recibió en “coima” de parte de empresas brasileñas como “Odebrecht”.

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