El juez supremo Juan Carlos Checkley ha decidido que el expresidente Pedro Castillo permanecerá en prisión preventiva por un periodo adicional de 18 meses. Esta decisión se basa en los motivos que sustentaron su encarcelamiento inicial, relacionado con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Castillo seguirá recluido en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.

El magistrado Checkley desestimó la solicitud de la defensa legal de Castillo, que pedía el cese de la prisión preventiva para que el exmandatario pudiera enfrentar el proceso penal en libertad bajo medidas menos severas. La defensa argumentó que no había suficientes elementos de convicción para mantener la prisión preventiva, citando un recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por el exministro Roberto Sánchez, quien fue excluido del caso.

Sin embargo, el juez supremo determinó que persisten los riesgos de fuga y de obstaculización del proceso penal. En su resolución, Checkley afirmó que "la medida de prisión preventiva continúa siendo necesaria, puesto que no existe otra medida menos gravosa que pudiera asegurar al investigado al proceso". Además, destacó que Castillo fue detenido mientras intentaba huir hacia la Embajada de México, lo que refuerza la necesidad de mantenerlo en prisión.

La defensa de Castillo también había invocado una sentencia del Tribunal Constitucional que suspendió las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta julio de 2026. No obstante, el juez Checkley aclaró que esta sentencia no establece la inconstitucionalidad de la intervención de jueces y fiscales en casos de altos funcionarios, lo que no afecta los elementos de convicción en contra de Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Además, Castillo enfrenta otro mandato de prisión preventiva relacionado con una investigación por presuntos delitos de organización criminal y otros casos que involucran a Petroperú, el Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda. La situación legal del expresidente sigue siendo compleja y su futuro en libertad se mantiene incierto.