La filtración de las grabaciones de Diego Spagnuolo fueron un golpe para el Gobierno y, después del titubeo inicial, la Casa Rosada pisó el acelerador. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal y pidió allanar a los periodistas que revelaron el escándalo . Karina Milei, por su parte, consiguió una medida cautelar para evitar que se continúe con la difusión de sus audios. La contraofensiva llegó y los autores de la investigación que destapó el escándalo denunciaron haber recibido amenazas.

El 19 de agosto, los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro difundieron el primer audio. Desde entonces, en La Libertad Avanza todo es caos y confusión. La primera reacción del Gobierno fue el desplazamiento de Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad mientras i

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