En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría ratificó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller Álvaro Leyva Durán por las irregularidades en la licitación de los pasaportes.

El Ministerio Público ratificó que la decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado.

El ente de control ratificó que la determinación adoptada por el exministro se fundamentó en el hecho de que al proceso únicamente se presentó un único oferente, con lo que ya estaba inhabilitado para declarar desierta la licitación pública, dado que cumplía con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones.

Para la Procuraduría, Leyva

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