El Gobierno ultraderechista de Argentina ha recurrido a la Justicia para prohibir la difusión de audios filtrados de Karina Milei y, por otro lado, para pedir el registro del canal de streaming que reveló las primeras grabaciones que salpican a los hermanos Milei. Las dos denuncias, lejos de contener el escándalo, han reforzado las sospechas que rodean a la secretaria de la Presidencia en un esquema de sobornos en la cúpula del poder y han sido repudiadas por asociaciones de periodistas, abogados y políticos.

Un polémico juez civil y comercial ordenó este lunes cesar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei en Casa Rosada y publicados por la prensa, en lo que el Gobierno llamó una “operación de inteligencia ilegal”, según el portavoz presidencial Manuel Adorni. Se trata del juez Alejandro Maraniello, quien tiene ocho denuncias en su contra, cinco de ellas por acoso y abuso sexual.

La medida cautelar responde a una solicitud del Ejecutivo contra material filtrado por los medios el vienes 29 de agosto, en el que Karina Milei dice: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos”, en referencia a las disputas dentro de partido gobernante La Libertad Avanza (LLA). El resto del contenido de la grabación, supuestamente de 50 minutos, se desconoce públicamente.

Nuevo audio desde Uruguay

Este martes, el canal de streaming uruguayo Dopamina difundió un nuevo audio con frases y balbuceos atribuidos a la secretaria de la Presidencia. “Hay que estar abajo de Martín. Hay que... por qué ya te digo, Martín es el que tiene la información, qué hay que hacer de... de cómo es... llevarlo a cabo. Entonces... y yo, desde mi punto de vista, desde mi punto que me toca a mí, yo respeto a Martín como cabeza...”, dice. Se cree que Karina Milei hace alusión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primo de Eduardo “Lule” Menem, quien también es mencionado en los audios de los presuntos sobornos en el área de discapacidad.

El propio Martín Menem ha publicado que, de ser cierta esta grabación, se habría filtrado del Congreso. “Quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados. Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.

En los primeros audios develados hace 15 días, Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), confesó a otra persona que los Menem y Karina “se la están llevando toda, toda”. El 19 de agosto el canal de streaming Carnaval difundió audios en los que Spagnuolo asegura que la hermana del mandatario recibía un 3% de las compras de medicamentos para personas con discapacidad. El ahora exfuncionario afirma en estas grabaciones haber avisado a Javier Milei de la supuesta trama de corrupción. La Casa Rosada, en lo que varios analistas interpretan como una validación tácita del contenido de la filtración, echó a Spagnuolo de su puesto titular de la ANDIS.

La medida judicial publicada por el portavoz Adorni que ordena “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno” y atribuidos a Karina Milei “a través de cualquier medio” ha generado inmediatas reacciones. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) la ha rechazado de plano. “La reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, expresa.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resuelto que, con la sola excepción de la protección de la infancia y la adolescencia, cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”, dice la ADEPA.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explica a elDiario.es que la medida constituye censura previa. “La cautelar dictada por el juez Maraniello carece de plazo y de un sujeto pasivo directo, lo que la convierte en una medida inapelable y de eficacia procesal dudosa. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés y funcionarios públicos. Una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión”

El Ministerio de Seguridad pidió además el allanamiento del canal “Carnaval Stream”, así como el registro de periodistas y empresarios involucrados con este medio, que difundió por primera vez tanto los audios de Karina Milei como los de Spagnuolo. La justicia aún no ha resuelto sobre esta solicitud ni ha ordenado detenciones.

El Gobierno habla de complot y “maniobra golpista”

El Gobierno ultra argumenta que se trata de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya que el dueño del canal Carnaval, Pablo Toviggino, es tesorero de la AFA. La denuncia sostiene que en junio se descubrió un grupo de residentes rusos, encabezado por un individuo identificado como Lev Konstantinovich Andriashvilli, hacen campaña para desinformar a la población.

El texto del Ministerio de Seguridad, al mando de Patricia Bullrich, involucra a Franco Bindi como abogado de la petrolera venezolana PDVSA y que habría albergado a Evo Morales cuando estuvo exiliado en Argentina. Bindi es pareja de la diputada Marcela Pagano, hoy alejada de LLA. “Otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para boicotear el espacio político que le permitió acceder a su banca”.

El candidato a diputado nacional por el partido minoritario Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, ha sido crítico con la solicitud de registro a periodistas. “El Gobierno, en un acto violatorio de la libertad de expresión y el derecho a la información, pidió a la Justicia que se allane el dominicilio de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial. Espero que la Justicia ponga las cosas en su lugar y que todas las instituciones manifiesten su repudio”, ha dicho.

Asimismo, integrantes de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, procedentes de distintos bloques, han celebrado este martes una rueda de prensa para rechazar las denuncias y cuestionar la estrategia del Gobierno. “Como senadoras y senadores debemos tutelar la Constitución Nacional. Por lo tanto expresamos que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, en este caso bajo la firma del Presidente y la ministra de Seguridad, es anticonstitucional”, ha dicho la presidenta de la comisión, la senadora de opositora Unión por la Patria Carolina Moises.

La ministra Bullrich ha sido denunciada por lo penal por el delito de “abuso de autoridad” a raíz de que su cartera pidiera allanar el canal de streaming y la vivienda particular de los dos periodistas que revelaron los audios. El encargado de presentar la denuncia ha sido Gregorio Dalbón, abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dalbón sostiene que la decisión de Bullrich “es una forma de censura indirecta y masiva” porque “no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales”.

La denuncia sostiene que la solicitud de la funcionaria es “una violación flagrante” de la libertad de expresión“ porque va a contra los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que garantizan la protección de las fuentes periodísticas y la libertad de prensa y de expresión.

En un comunicado conjunto, organismos de Derechos Humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, afirman que repudian las acciones del Gobierno de Milei. “Lejos de un comportamiento democrático, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sale a realizar un acto de censura previa, propio de un régimen autoritario, con el insólito argumento de que los audios que han sido difundidos con diferentes acusaciones son el resultado de un complot de espionaje donde involucra a otros países, junto a organizaciones políticas y sociales”.