La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha presentado una denuncia constitucional contra Juan José Santiváñez Antúnez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esta acusación se basa en presuntos delitos relacionados con la administración pública, específicamente por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

La denuncia surge de la supuesta relación entre Santiváñez y Luis Denis Pineda Rodríguez, un exmiembro de la Policía Nacional del Perú. Según el documento presentado, Pineda fue contratado para servicios de publicidad en redes sociales, lo que ha generado sospechas sobre la legalidad de dicha contratación.

El 7 de agosto de 2024, Pineda visitó a Santiváñez en el Ministerio del Interior. Solo 13 días después, el Ministerio de Justicia contrató a Pineda por un monto de S/10 800 para un "servicio de análisis de publicaciones e impacto de las redes sociales". Posteriormente, se emitió una segunda orden de servicio por el mismo monto.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que Pineda y Santiváñez tienen una amistad de larga data. Además, se menciona que Pineda solicitó a sus contactos en grupos de WhatsApp que votaran por el "no" en una encuesta sobre la posible remoción de Santiváñez, argumentando que el ministro se preocupaba por los policías.

En su declaración, Pineda confirmó conocer a Santiváñez desde hace años y haber tenido un "vínculo laboral" con él desde 2020 o 2021. Afirmó que el ministro lo contactó para un servicio de publicidad relacionado con cursos para estudiantes de derecho y abogados.

La denuncia y los reportajes periodísticos destacan la estrecha relación entre ambos, lo que ha llevado a la fiscalía a investigar un posible caso de corrupción. La situación de Santiváñez se complica a medida que avanza la investigación.